Pablo Monroy
Para miles de personas en Puebla, como en muchas otras entidades en nuestro país, abrir la aplicación de Uber para solicitar el servicio de traslado es parte de su rutina diaria, sin embargo, esa costumbre podría terminar más pronto de lo que parece, pues el permiso que autoriza a la plataforma operar en el estado llega a su límite el próximo 15 de diciembre, por lo que ya inició la cuenta regresiva.
Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, dio a conocer que la empresa no se ha acercado al gobierno estatal para renovar el contrato. De acuerdo con la funcionaria, Uber eligió la vía de los recursos legales en lugar de sentarse a negociar con las autoridades, una acción que encendió alarmas en el ecosistema de transporte ejecutivo poblano.
La administración de Alejandro Armenta exige que Uber acepte nuevas reglas para seguir funcionando en Puebla, las cuales incluye la obligación de otorgar seguridad social a los socios conductores y de respetar lineamientos locales que buscan mayor orden en el servicio.
La secretaría recordó que existe disposición federal que obliga a dueños de plataformas como Uber a dar acceso al IMSS a quienes conducen bajo este esquema. El gobierno estatal sostiene que ese derecho laboral no puede quedar en pausa, después de diez años de operación en Puebla. Hasta ahora, la empresa no ha mostrado señales claras de aceptar esta condición, ni de presentar un plan definido para sus choferes.
A ese paquete de obligaciones se suman requisitos enfocados en la calidad del servicio. La autoridad quiere autos en mejor estado, trato más cuidado y procesos claros, ante quejas o incidentes en cada viaje. Las nuevas reglas también buscan condiciones laborales más justas para los conductores, con criterios definidos sobre horarios, pagos y evaluaciones dentro de la aplicación.
Otra pieza clave de la negociación se enfoca en la transparencia. En ese sentido, el gobierno de Puebla quiere conocer con detalle la operación de las aplicaciones, desde el cálculo de las tarifas, hasta la forma en que se asignan los viajes. Además, el marco regulatorio del estado prohíbe el servicio mediante motocicletas para este tipo de transporte ejecutivo.
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte asegura que la puerta al diálogo sigue abierta. Si la empresa solicita reunión antes del 15 de diciembre todavía existe margen para firmar nuevo contrato bajo estas condiciones. Si no ocurre nada antes de esa fecha, el permiso se cancelará y cerca de 7,000 vehículos vinculados a la aplicación dejarán de circular en Puebla.
El impacto para quienes dependen de Uber sería inmediato si la plataforma sale del estado. Usuarios que confían en la aplicación para moverse en horarios nocturnos o en zonas alejadas perderían parte de esa red de apoyo. Taxistas concesionados verían una oportunidad para recuperar clientes, aunque también existe riesgo de aumento en tarifas y tiempos de espera.
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