"Montachoques" podrían pasar hasta 24 años en la cárcel: el Congreso del Edomex acaba de aprobarlo

Es mu frecuente que en redes sociales la gente denuncie el modo en que organizaciones criminales provocan percances viales con frenadas repentinas, con el objetivo de extorsionar, incluso con un equipo encubierto en las cercanías, para que el plan se cumpla. Por fortuna, acaban de ponerle un freno a esta actividad delictiva.

Decimos esto porque el Congreso del Estado de México aprobó tipificar como extorsión los llamados montachoques, es decir, a quienes intencionalmente provoquen un incidente de tránsito, con el propósito de obtener un beneficio económico mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas.

Para ello se reformó el artículo 266 del Código Penal del Estado de México, con la finalidad de establecer una pena de 8 y hasta 12 años de prisión y de mil a mil 500 días multa, en beneficio de los más de 6 millones de propietarios de vehículos registrados en la entidad.

Pero eso no es todo, pues también se estableció una pena que se duplicará hasta 24 años y 3 mil días multa si la conducta delictiva se comete en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y otros grupos vulnerables.

Los legisladores mexiquenses advirtieron que, en los últimos años, se ha registrado un incremento en la actividad delictiva de los “montachoques”, perpetrada por grupos organizados, como Los 300, la USON o La Chokiza en Ecatepec, por ejemplo, que, de manera premeditada e intencional, provocan colisiones vehiculares con el propósito de exigir compensaciones económicas a las víctimas.

Conforme al dictamen, el modus operandi constituye un acto de extorsión e involucra otras conductas delictivas, como amenazas, daños materiales, lesiones y afectaciones patrimoniales.

De acuerdo con Proceso, en diversas circunstancias, advierte el documento, estas prácticas han puesto en riesgo la integridad física y económica de las personas afectadas, lo que ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía, especialmente en las zonas urbanas donde estos hechos son más recurrentes.

“Es por ello que esta iniciativa no sólo busca disuadir estas conductas mediante mecanismos jurídicos claros y efectivos, sino también fortalecer un modelo de seguridad vial basado en la prevención, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia”, indica el texto.