
En Tennessee, Estados Unidos, los adolescentes que acosen o ciberacosen a otros jóvenes podrían recibir mucho más que una simple advertencia escolar o un castigo de sus padres. Y es que una nueva ley estatal, que entró en vigor desde el pasado 1 de julio, establece que los menores de 18 años, condenados por bulling, enfrentarán una suspensión de su permiso de conducir durante un año, pero si aún no ha obtenido el permiso, se retrasará su emisión.
Además de ser llamativa, esta medida es pionera en Estados Unidos, un país donde conducir a los 16 años es símbolo de independencia. De esta forma, esta normativa busca dejar claro que el acoso también tiene consecuencias fuera del salón de clases.
En la Unión Americana, la mayoría de los jóvenes puede conducir desde los 16 años, por lo que la suspensión del permiso de conducir, en casos de bulling, supone una limitación importante, y aunque la ley permite solicitar un permiso restringido (limitado a trayectos hacia la escuela, el trabajo o lugares religiosos) no es automático: hay que solicitarlo en un plazo de 10 días, pagar una tasa de 20 dólares y recibir la aprobación del juez.
Esta medida fue promovida por el legislador republicano Lowell Russell, tras conocer el caso de un menor cuya familia sentía que el sistema educativo no hacía nada para frenar los abusos que sufría. “Pensé que lo de la licencia sería una forma eficaz de llamarles la atención”, explicó, añadiendo que espera que la ley sirva para prevenir futuras tragedias relacionadas con el acoso.
La norma fue aprobada con un apoyo mayoritario en ambas cámaras estatales y firmada por el gobernador Bill Lee en abril, pero ha generado reacciones encontradas. Sus defensores argumentan que toca donde más duele: el símbolo de libertad adolescente que es el coche. “A diferencia de una multa, que probablemente paguen los padres, esto afecta directamente al menor”, apuntó el senador Adam Lowe, uno de los impulsores de la norma. Pero no todos lo ven igual.
Expertos como Susan M. Swearer, profesora de Psicología Educativa en la Universidad de Nebraska-Lincoln, cuestionan su eficacia: “Sabemos que los adolescentes no siempre relacionan sus actos con consecuencias a largo plazo. Las intervenciones psicológicas funcionan mejor que el castigo para frenar el acoso”.
La medida también ha generado inquietud entre juristas. April Meldrum, profesora de derecho y exjueza de menores, advierte que la norma impone una sanción concreta y automática, limitando la capacidad del juez para adaptar la sentencia a las necesidades del menor. “Deberíamos ayudar a entender qué está ocurriendo con ese adolescente, no aplicar una respuesta uniforme”, explica.
Tennessee no es el primer estado que vincula el comportamiento juvenil con el permiso de conducir. En otros estados como California o Florida, existen sanciones similares para quienes cometan ciertos delitos, pero aplicarlas por acoso escolar es poco frecuente. En Europa y España, por su parte, no existe ninguna ley que relacione la conducta escolar con el carnet de conducir. Aquí, las sanciones por acoso suelen limitarse al ámbito judicial o educativo, sin afectar al acceso a la movilidad personal.