Pablo Monroy
El crecimiento acelerado del vehículo eléctrico en China abrió un nuevo portal: el del reciclaje de baterías. Según investigaciones dadas a conocer por el medio asiático Yicai, existe una red de talleres clandestinos sin licencia que gestiona actualmente cerca del 75% de las baterías retiradas de vehículos eléctricos, operando al margen de la regulación oficial.
Estas instalaciones, detectadas en provincias como Guangdong, trabajan sin identificación empresarial visible y con fuertes restricciones de acceso. En su interior, cientos de baterías son desmontadas manualmente, en muchos casos sin equipos de protección adecuados, ni tecnología avanzada para el tratamiento seguro de estos materiales.
No es para menos, pues el atractivo económico explica la proliferación de este tipo de talleres. El modelo es sencillo: compran baterías usadas procedentes de aseguradoras, subastas, empresas de movilidad o particulares, desmontan los módulos y clasifican las celdas de acuerdo a su estado.
Las que conservan más del 50% de capacidad se reacondicionan y se venden para bicicletas eléctricas, triciclos o sistemas domésticos de almacenamiento, pero las más degradadas se trituran para recuperar metales estratégicos, como el litio, níquel o cobalto.
El margen de ganancia puede alcanzar los 10,000 yuanes por batería (cerca de 25,000 pesos) lo que permite a estos operadores pagar hasta un 30% más por las baterías usadas que las empresas autorizadas. Esa ventaja económica les garantiza el suministro y deja a la industria legal sin suficiente materia prima.
Más allá de la afectación económica, el problema tiene una dimensión ambiental crítica, pues mientras las compañías homologadas logran tasas de recuperación de materiales superiores al 90%, los talleres ilegales aplican procesos rudimentarios que generan residuos contaminantes y desperdician recursos valiosos.
Desafortunadamente no existe control sobre el origen ni el destino final de las baterías manipuladas. Además, se han detectado prácticas como la mezcla de celdas de distintas capacidades, lo que incrementa el riesgo de incendios y fallas técnicas en los productos reacondicionados.
Paradójicamente, China cuenta con una capacidad oficial de reciclaje muy superior a la demanda que llega por canales legales. Aunque la infraestructura instalada puede procesar hasta 3.8 millones de toneladas, las empresas autorizadas apenas gestionan el 18% de ese volumen.
La competencia desleal de los talleres clandestinos pone en riesgo la viabilidad de compañías que han invertido grandes sumas en tecnología y sistemas de recuperación avanzados. Con la previsión de que más de un millón de toneladas de baterías alcancen el final de su vida útil antes de 2030, la presión sobre el sistema aumentará.
Por fortuna y ante este panorama, las autoridades chinas prevén reforzar, a partir de abril próximo, los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión del reciclaje de baterías, con el objetivo de crear un sistema integrado que conecte fabricación, reutilización y reciclaje, reduciendo el peso del mercado negro.
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