Alonso Brugada
Hace unos días el gobierno de Claudia Sheinbaum puso fin al decreto que instauró López Obrador durante su administración, con el cual se facilitaba la importación y regularización de “autos chocolate” en México.
De acuerdo con las cifras oficiales, desde finales de 2022 hasta el pasado mes de noviembre, periodo de vigencia del decreto, se legalizaron 2,987,839 vehículos. Bajo este programa, los propietarios mexicano de un auto vendido originalmente en Estados Unidos o Canadá, podían pagar $2,500 pesos para regularizar el estatus del automóvil en nuestro país y de esta manera obtener placas y poder formar parte oficial del parque vehicular en algunos estados.
Tanto la AMDA como la AMIA aplaudieron la derogación del decreto, ya que señalaron que esta medida dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados (SIC).
Además, siempre calificaron este decreto como un foco de corrupción y como un fomento del contrabando, pues es innegable que al abrir las puertas se permitió el ingreso de una enorme cantidad de vehículos chatarra, los cuales no se encuentran en buenas condiciones físicas o mecánicas, lo que representa un problema de seguridad y ambiental.
Sin embargo, la cancelación del decreto no significa que ya no se puedan importar autos usados de manera definitiva, porque hace unas horas la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó un comunicado en el que se dan a conocer los nuevos lineamientos.
De inicio, dejaron saber que el decreto impuesto en el anterior sexenio generó ingresos por 7,302 millones de pesos, los cuales, según informa el gobierno, se destinaron a obras de repavimentación en algunos estados.
La recaudación continuará, ya que adelantaron que los interesados en importar un auto usado deberán pagar un arancel, el cual aplicará de dos maneras: en estados fronterizos se deberá pagar 1% para vehículos con una antigüedad de cinco a nueve años, o de 10% en autos mayores a diez años. Por otra parte, el resto de entidades estarán obligados a pagar 10% en autos con más de 8 años.
Asimismo, la importación deberá estar apegada al decreto que se ratificó el pasado 5 de noviembre en el DOF (aquí lo pueden consultar), y los autos deben cumplir con las condiciones mecánicas, físicas y ambientales óptimas.
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