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No sólo Estados Unidos: otro país ya prohibió la venta de autos eléctricos chinos en su territorio

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Pablo Monroy

Sin importar el lugar del mundo del que se trate todos se sienten amenazados por el despertar automotriz de China. Desde la irrupción de las marcas chinas, el mercado se ha puesto de cabeza. Las marcas tradicionales sufren frente al avance de las chinas, mientras que los gobiernos locales y globales buscan fórmulas para intentar frenar el cambio.

Europa levantó muros arancelarios con poco éxito; en Estados Unidos, Donald Trump no quiere escuchar hablar de China mientras que, en otros países, directamente, han modificado las reglas del juego para frenar la oleada.

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Tras un periodo en el que las marcas chinas dominaban con solvencia las ventas, gracias a sus competitivos costos de producción, el Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia modificó de raíz su normativa para blindar el ecosistema interno y obligar a una transformación profunda de las cadenas de suministro internacionales. Todo apunta a que el gobierno busca forzar una negociación para que las marcas produzcan de forma local.

Hasta ahora, los fabricantes asiáticos habían encontrado en Malasia un destino ideal para dar salida a su masiva capacidad de producción, sin embargo, la introducción de normativas técnicas imprevistas está generando una barrera difícil de enfrentar, ya que los departamentos comerciales y legales tendrán que replantear por completo sus planes de exportación.

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La nueva política de Malasia establece dos filtros simultáneos y obligatorios para cualquier vehículo eléctrico que llegue completamente ensamblado desde el extranjero. Por un lado, se fija un valor en aduana que incluye costo, seguro y traslado que, bajo ninguna circunstancia, puede ser inferior a los 200,000 ringgits, cifra que equivale a 29,400 euros. Al sumar los márgenes de los concesionarios e impuestos locales, el precio de venta final al público se eleva a niveles notablemente superiores en comparación con los que aún se mantiene vigentes.

El segundo obstáculo, puramente técnico, se centra en las especificaciones del motor. El gobierno exige ahora que la potencia neta del motor eléctrico sea igual o superior a los 180 kW, lo que equivale a 241 caballos de fuerza. Esta combinación de precio mínimo elevado y alta potencia busca excluir de forma directa a los vehículos ligeros de las listas de importación oficiales.

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El impacto sobre las marcas que lideraban las ventas es inmediato y severo, afectando a firmas que controlaban cerca del 60% del mercado de nuevas energías en el país. El catálogo mecánico actual de gigantes como BYD se ha quedado prácticamente obsoleto bajo el nuevo marco legal. Sus siete modelos disponibles en la región se sitúan por debajo del precio mínimo requerido en sus versiones de acceso, sufriendo una descalificación técnica inmediata.

Vehículos de gran volumen como el BYD Dolphin o las variantes básicas del Atto 3 no cumplen con el estándar exigido de 180 kW de potencia. Esta misma situación de bloqueo mecánico afecta a otros automóviles de reciente desarrollo, como el Zeekr 7X y el Chery Omoda E5, cuyas motorizaciones y costos de aduana actuales les impiden obtener los permisos necesarios para cruzar las fronteras aduaneras.

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Ante el cierre de las fronteras para los vehículos listos para la venta, la alternativa natural podría ser el ensamble local de los componentes, no obstante, las autoridades diseñaron un marco igual de estricto para los nuevos proyectos industriales aprobados.

Las fábricas que decidan instalarse en el país deben cumplir lineamientos operativos que incluyen establecer un precio mínimo de salida de fábrica de 100,000 ringgits (14,700 euros), destinar obligatoriamente el 80% de la producción de la planta a la exportación internacional, limitar las ventas en el mercado doméstico local a un máximo del 20% del volumen total y realizar por completo los procesos de soldadura, pintura y ensamblaje final en suelo nacional.

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Malasia se suma a la cada vez más larga lista de países que buscan fórmulas políticas, económicas o legales para frenar la avalancha china. Los vecinos del norte, Corea del Sur, también acaban de activar un plan que reduce la incidencia de las marcas chinas.

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