Pablo Monroy
Durante la más reciente junta de accionistas de Tesla, con resultados nada alentadores en cuanto a ventas de coches eléctricos e ingresos se refiere, Elon Musk dejó muy claro que el centro de gravedad de la compañía ha cambiado.
Entre cifras y planes a futuro, el magnate desvió la atención con una propuesta inquietante: reducir al mínimo las cárceles y sustituirlas por la vigilancia permanente de sus robots humanoides.
Su idea es que, en lugar de ingresar en prisión, la persona condenada seguiría viviendo en sociedad bajo supervisión de un robot Optimus 24/7, que se encargaría de impedir que vuelva a cometer delitos. De acuerdo con Electreck, de esta forma “podríamos ofrecer una forma más humana de contención del crimen”, según Musk.
Musk defiende que este sistema reduciría el gasto público asociado al encarcelamiento, aliviaría la saturación de las prisiones y facilitaría la reinserción social, hasta el punto de afirmar que en el futuro “nadie irá a la cárcel”.
La propuesta encaja con el giro estratégico que Tesla lleva tiempo anunciando, que ya no puede basar su crecimiento en el coche eléctrico. La compañía está destinando miles de millones de dólares a robótica e inteligencia artificial y acaba de anunciar el fin de sus Tesla Model X y Model S, para liberar capacidad industrial destinada al desarrollo y futura producción del robot Optimus.
El inconveniente es que el salto entre la visión distorsionada del magnate y la realidad sigue siendo considerable. En la actualidad, Optimus continúa en fase de pruebas y sólo ha demostrado poder hacer funciones básicas en entornos muy controlados, como caminar, manipular objetos o interactuar de forma limitada con personas y todavía depende de supervisión humana en muchas de sus demostraciones públicas.
Más allá de lo técnico, la idea abre un debate legal y ético. Entre otras cosas, un sistema de vigilancia permanente gestionado por robots con tecnología privada plantea dudas sobre privacidad, uso de datos personales y límites del poder corporativo en ámbitos tradicionalmente públicos, como la justicia o la seguridad.
Además, resulta especialmente llamativo que esta propuesta venga precisamente de Elon Musk, un empresario que suele reivindicar la libertad individual. Sustituir el encierro físico por supervisión constante cambia la forma del castigo, pero mantiene dudas clave sin resolver, como quién controla “al vigilante” y bajo qué reglas.
De momento, el robot vigilante no pasa de ser una idea sin calendario ni marco legal. Pero encaja con un patrón que ya hemos visto en Tesla. Cuando un producto aún no está maduro o no funciona, Musk explora otros caminos. Sabe que no todo el mundo querrá un robot humanoide en casa y empieza a mirar al Gobierno como posible cliente.
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