
No hay que buscarle mucho en las calles de la Ciudad de México para encontrar vehículos que, con toda la alevosía y ventaja, portan placas de circulación con algún tipo de cubierta, ya sea adhesivos en los números o de plano portaplacas o cubiertas plásticas que entorpecen la visibilidad de las láminas y que dispositivos, como radares o fotomultas, no pueden realizar la lectura de las mismas.
De hecho, en las redes sociales y el comercio informal se venden ese tipo de aditamentos de forma abierta. Ante ello, el pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana a reforzar sus operativos contra los vehículos particulares y taxis que circulan con placas tapadas, alteradas u obstruidas.
Hay que señalar que estas conductas infringen los artículos 43 y 45 del Reglamento de Tránsito capitalino, el cual establece que está prohibido “utilizar micas, dobleces, objetos, papeles o cualquier otro aditamento que obstaculicen, oculten o eviten la correcta lectura de las matrículas”.
Esto significa que todo vehículo motorizado, ya sea de uso particular o de transporte público, “debe llevar sus placas totalmente visibles”, sin embargo, como lo comentamos al inicio, la ley es burlada de manera cotidiana en las calles y avenidas de la capital del país.
Debemos tener presente que la portación de placas no es un simple trámite administrativo de rutina, sino un documento de identidad de un vehículo que se mueve en el espacio público, y que, sin una identificación clara, el principio de autoridad se debilita y el orden urbano se colapsa.
Durante la sesión, la diputada de Morena Ana Buendía, “no estamos hablando de omisiones involuntarias por suciedad u olvido. Estamos ante una conducta deliberada y tramposa. En la Ciudad de México se ha vuelto cotidiano ver automóviles y taxis que utilizan micas polarizadas, portaplacas gruesos que ocultan las letras, laminados reflejantes que encandilan las cámaras o incluso placas dobladas e intencionalmente borradas”.
La norma establece multas que van de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa sanciones económicas de entre 2,300 y 3,500 pesos, además de la remisión obligatoria de la unidad al depósito vehicular.
“No obstante, para muchos infractores, este costo resulta irrisorio frente al propósito real: evadir sistemáticamente los puntos de fotocívicas y las multas por exceso de velocidad. Cuando un automovilista oculta su matrícula, inutiliza las cámaras del C5 y los radares de la Secretaría de Movilidad, creando auténticas zonas de impunidad donde las faltas graves de tránsito jamás son sancionadas. Pero lo más grave de este fenómeno es su impacto directo en la seguridad pública y en la protección de las víctimas”, concluyó.
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