Mexicanos se fueron a trabajar a una fábrica de autos en Estados Unidos. Les prometieron puestos altamente calificados, pero terminaron en condiciones injustas

Un grupo de más de 600 trabajadores mexicanos acaba de ganar una millonaria demanda, luego de acusar a Kia Georgia y a otras empresas de fraude laboral, pues viajaron a Georgia y Tennessee, Estados Unidos con la promesa de laborar en puestos especializados de ingeniería y terminaron en líneas de producción realizando actividades manuales. 

Todos los afectados son ingenieros y técnicos mexicanos, quienes llegaron a Estados Unidos con visas TN, luego de recibir propuestas laborales y económicas que no se cumplieron. Este tipo de visado permite que trabajadores de México o Canadá puedan laborar temporalmente dentro de Estados Unidos en áreas e industrias específicas, incluyendo la automotriz. 

De acuerdo con la demanda colectiva, las principales empresas acusadas son Hyundai Mobis, Kia Georgie, Allswell (empresa de personal) y SPJ Connect (agencia de reclutamiento), quienes colocaron a los trabajadores en puestos de trabajo distintos a los solicitados. 

Asimismo, los trabajadores acusaron que las jornadas de trabajo a veces eran de más de 12 horas al día, durante cinco o seis días a la semana, pero sin recibir una remuneración económica por las horas extra laboradas, mientras que los salarios eran menores a lo que les prometió. 

En algunos casos las vacantes prometían un salario anual de 44,000 dólares, hospedaje durante un año, transporte gratuito, compensación por tiempo extra, además de vacaciones en julio y diciembre. Sin embargo, ya en la planta de ensamble, la paga era de 10 a 12 dólares por hora (muy lejos de la cifra anual prometida) y a algunas personas se les descontaban montos extra sin ninguna explicación. 

Adicionalmente, varios empleados mencionaron que las empresas denunciadas los amenazaron con deportar a quienes se quejaran de las condiciones laborales o a quienes buscaran otro empleo dentro de Estados Unidos. 

Todo el proceso judicial comenzó desde el año 2022 y se cerró tras un acuerdo extrajudicial por 11.5 millones de dólares, el cual fue avalado por una jueza federal a principios de este mes. Sin embargo, las empresas acusadas no aceptaron ninguna responsabilidad y aclararon que el pago millonario no es una admisión de culpa.